La Administración Trump ha puesto en marcha una estrategia para reforzar la seguridad energética nacional invocando normativas de la Guerra Fría, destinando hasta 500 millones de dólares para mantener operativas 13 centrales termoeléctricas de carbón y construir un terminal de exportación en California. El Departamento de Energía de EE. UU. (DoE) está canalizando estos fondos a través de la Ley de Producción de Defensa (DPA), que otorga al presidente autoridad para impulsar financieramente sectores industriales clave para la defensa nacional.
Entre los proyectos apoyados con este presupuesto, el DoE invertirá hasta 425 millones de dólares en 12 iniciativas destinadas a modernizar y revitalizar la anticuada flota estadounidense de plantas de carbón, además de asignar hasta 75 millones para el West Gateway Terminal en Oakland, California. Este terminal, conectado por ferrocarril, tendrá capacidad para manejar más de 10 millones de toneladas anuales con el objetivo de exportar carbón a países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Malasia.
El argumento oficial para utilizar la DPA es garantizar que EE. UU. mantenga la capacidad industrial y los recursos energéticos imprescindibles para reforzar la seguridad nacional. El Departamento de Energía subraya que estos proyectos ayudarán a sostener la minería del carbón doméstica y asegurar un suministro eléctrico estable y fiable, clave para la resistencia de infraestructuras energéticas críticas.
La industria del carbón en Estados Unidos lleva décadas en declive. En 2023 produjo 578 millones de toneladas, menos de la mitad del pico alcanzado en 2008, según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. Este descenso se atribuye principalmente a la competencia del gas natural más barato y a la pujanza de las energías renovables como la solar y eólica, más que a regulaciones ambientales o legislaciones climáticas, según un informe del Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR). Sin embargo, el reciente auge en la construcción de centros de datos impulsados por inteligencia artificial ha incrementado la demanda eléctrica, motivando que varias plantas de carbón permanezcan operativas en lugar de cerrarse.
En este contexto, organizaciones medioambientales han alertado que las centrales térmicas de carbón emiten contaminantes nocivos como dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), dañinos para la salud humana, junto con gases de efecto invernadero.
Paralelamente, el DoE está impulsando la tecnología de reactores nucleares avanzados. Uno de sus proyectos emblemáticos, el reactor Mark-0 desarrollado por Antares Nuclear, ha logrado alcanzar la criticidad en pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Idaho, un hito que implica una reacción nuclear autosostenida en condiciones controladas, sin generación eléctrica, para demostrar la viabilidad y seguridad del diseño.
Este avance se produce antes de la fecha límite del 4 de julio de 2026, aniversario 250 de la independencia estadounidense, uno de los compromisos del secretario de Energía Chris Wright. Según el DoE, el Mark-0 es el primero de varios reactores avanzados que alcanzarán criticidad en esta fecha histórica.
Además, el Departamento de Energía anunció la incorporación oficial de Japón a la misión Genesis, un ambicioso programa nacional encabezado por la Administración Trump que busca acelerar descubrimientos científicos mediante inteligencia artificial. Japón, a través del Instituto de Investigación RIKEN y Fujitsu, ha colaborado con el Laboratorio Nacional Argonne y Nvidia para desarrollar la infraestructura computacional de Genesis desde enero, y ahora ambos países aportan medio millar de millones de dólares cada uno, convirtiendo a Japón en el primer socio internacional del proyecto.
