El sindicato GMB ha comparecido ante el Comité de Cuentas Públicas para defender la intervención del Gobierno en British Steel y subrayar que no actuar habría tenido consecuencias «inimaginables» para el país. Charlotte Brumpton-Childs, secretaria nacional del sindicato, expuso que los ministros no tuvieron muchas alternativas cuando el propietario chino de British Steel, Jingye, decidió cerrar los altos hornos de Scunthorpe.
Brumpton-Childs afirmó que el coste de no salvar la siderurgia en Scunthorpe habría sido insostenible, no solo para las arcas públicas por los gastos asociados a despidos y insolvencias, sino también para las familias y comunidades locales que dependen de esos empleos.
Además, advirtió que sin la intervención estatal, decenas de miles de trabajadores se habrían quedado sin empleo y la seguridad nacional del Reino Unido habría estado en riesgo, dado que British Steel gestiona los únicos altos hornos del país capaces de producir acero de primera calidad necesario para la construcción, el transporte ferroviario y la defensa.
La investigación del comité se centra en evaluar cómo se preparó el Gobierno para esta medida y qué coste conllevará finalmente la entrada de la empresa en propiedad pública. Según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, ya se han invertido cientos de millones de libras en mantener la producción, los salarios y las materias primas, una cifra que sigue aumentando.
En respuesta a la crisis, el Ejecutivo convocó al Parlamento para aprobar una ley urgente que concede el control temporal de British Steel, cancelando los planes de despidos masivos que habrían afectado a 2.700 empleados. El proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Siderúrgica pretende formalizar la propiedad pública total, tras un examen de interés público.
Para la GMB, el aspecto estratégico de la nacionalización es crucial, ya que la pérdida de la capacidad de producción siderúrgica nacional haría que el Reino Unido dependiera completamente de las importaciones para materiales críticos, una vulnerabilidad inaceptable en tiempos de crisis.
Los hallazgos del comité, que se esperan en las próximas semanas, determinarán cómo se juzgarán los costes de la nacionalización, comparándolos con el dinero ya invertido y con las medidas especiales aplicadas para mantener la planta en funcionamiento. Además, el impacto sobre la cadena de suministro, los transportistas y las empresas de ingeniería vinculadas a Scunthorpe refleja que las consecuencias de la intervención van mucho más allá del simple coste financiero.
