Andy Burnham, candidato principal para suceder a Sir Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido, ha defendido durante años una postura clara y constante: el país grava excesivamente el trabajo y demasiado poco la riqueza.
Tras su victoria en las elecciones parciales de Makerfield y la posterior dimisión de Starmer, esta cuestión ha dejado de ser un tema marginal dentro de su partido para convertirse en un reto que la City, las grandes empresas y los negocios familiares deben afrontar de inmediato.
Según Nigel Green, director ejecutivo de la firma de asesoría financiera independiente deVere Group, esta posible reforma conllevaría «importantes implicaciones para hogares, empresas, inversores y la economía». En un contexto donde el capital global elige destino con más libertad que nunca, muchos analistas ya valoran las consecuencias de un gobierno liderado por Burnham, especialmente en materia de impuestos, inversión, propiedad, creación de riqueza y competitividad.
Burnham sostiene que Gran Bretaña carga demasiado los impuestos sobre los ingresos laborales y debería incrementar la presión fiscal sobre la riqueza acumulada, los activos y los bienes inmobiliarios. A medida que se acerca a Downing Street, estas ideas emergen como un eje central en el debate económico nacional. La preocupación es tangible: una encuesta reciente de Business Matters indica que ocho de cada diez propietarios de pequeñas y medianas empresas temen el impacto que podría tener un gobierno de Burnham en sus negocios.
«El ascenso imparable de Andy Burnham marca uno de los momentos más decisivos para los inversores en años», declara Green. «Por primera vez en una generación, Gran Bretaña podría tener un primer ministro cuya intuición política sea examinar la riqueza y cuestionar si debería contribuir más. Esto influye no solo en los más adinerados, sino en la inversión, el empleo, la creación de empresas y el crecimiento económico».
Si bien Burnham no ha presentado todavía propuestas específicas sobre impuestos a la riqueza, ni ha planteado un impuesto sobre la salida de capital o un paquete fiscal dirigido exclusivamente a los patrimonios privados, los mercados ya se fijan en las áreas más vulnerables si un futuro gobierno decidiera desplazar la carga impositiva desde los ingresos hacia los activos.
El debate abarca impuestos como el gravamen sobre las plusvalías, el impuesto sobre sucesiones, la fiscalidad inmobiliaria y la tributación sobre los ingresos derivados de las inversiones y grandes patrimonios. Burnham ha mostrado su apoyo a reformas fiscales sobre la propiedad y ha defendido la idea de sustituir el actual sistema del impuesto municipal por otro más vinculado al valor del suelo, aunque su viabilidad frente al Tesoro todavía está por verse.
El líder laborista hereda un escenario económico difícil, con crecimiento débil, finanzas públicas ajustadas y presiones constantes en gastos como sanidad, pensiones, infraestructuras y defensa. La deuda pública se acerca al tamaño total de la economía, por lo que cualquier Ejecutivo enfrentará decisiones complejas para aumentar ingresos sin obstaculizar la recuperación, reflejadas en informaciones sobre posibles reformas fiscales para cubrir déficits presupuestarios.
Green señala que «los gobiernos deben buscar justicia fiscal, pero también preservar la competitividad. El riesgo es que la creación de riqueza se perciba con suspicacia en lugar de fomentarse».
El Reino Unido sigue siendo un destino atractivo para la inversión, respaldado por mercados financieros sólidos, instituciones fiables y Londres como centro financiero global, pero la competencia internacional se intensifica, con centros en Europa, Oriente Medio y Asia que compiten activamente por inversores y familias con movilidad internacional.
«Los inversores observan con atención a Gran Bretaña y se preguntan si es un país que se vuelve más o menos atractivo para el capital. Su respuesta determinará hacia dónde fluirá el dinero», advierte Green.
Más allá de los tipos impositivos, la posible revisión fiscal afectaría la sucesión en empresas familiares, la estructura de propiedad inmobiliaria, los planes de pensiones, las carteras de inversión y la planificación patrimonial, generando un escrutinio más intenso si el Estado decide que la riqueza debe contribuir en mayor medida.
Actualmente, en el Reino Unido existen impuestos sobre las plusvalías, sucesiones, bienes inmuebles y rentas de inversiones. El debate ahora es si un gobierno de Burnham podría endurecer estas cargas y con qué impacto, un asunto que centra la atención de los inversores.
Las cifras ponen en perspectiva la magnitud de la cuestión: según la Oficina Nacional de Estadísticas, la riqueza privada en Gran Bretaña ronda los 13.6 billones de libras, más de seis veces el ingreso nacional anual, concentrada en su mayoría en propiedades, pensiones y activos financieros. Además, el 10% de los hogares más ricos posee aproximadamente el 41% de esa riqueza, alimentando el argumento de que los activos deberían aportar más en términos fiscales.
Para el conjunto de los ciudadanos, estos cambios podrían afectar no solo a los ultra-ricos. Modificaciones en el impuesto de sucesiones afectarían a la transmisión familiar, revisiones en el impuesto a la propiedad impactarían a propietarios y arrendadores, y variaciones en las plusvalías influirían en la inversión y el emprendimiento. También podrían revisarse los beneficios fiscales sobre pensiones y los ingresos por inversión si se buscan vías de financiación alternas a la fiscalidad del trabajo.
«Existe una creciente corriente política que ve en la riqueza una solución fácil para problemas fiscales complejos», señala Green. «Pero la historia demuestra que no es tan sencillo: cuanto más se presiona a la riqueza existente, mayor es el riesgo de que la creación futura de riqueza se vea desalentada».
Su principal preocupación es hacia dónde se dirige el país. «Las empresas planifican inversiones a largo plazo y los inversores asignan capital para décadas. Si consideran que Gran Bretaña es menos acogedora para la iniciativa empresarial, se adaptarán. Hace una generación la riqueza era relativamente estática, hoy es móvil y evalúa jurisdicciones, sistemas fiscales y gobiernos, y se desplaza».
En suma, la posible llegada de Burnham al poder plantea un desafío económico crucial. «Él cree que la riqueza debe asumir una mayor carga fiscal, una creencia que le ha impulsado políticamente. Ahora los inversores se preguntan qué pasaría si esas ideas llegan al Gobierno», concluye Green.
La diferencia entre proclamar que la riqueza debe aportar más y diseñar políticas que lo consigan sin frenar la inversión, el emprendimiento y el crecimiento es abismal, y es el reto que aguarda en el despacho de cualquier futuro primer ministro Burnham. Se impone un debate nacional sobre quién debe pagar más: el trabajo o la riqueza. Y los inversores se preguntan si Gran Bretaña estará dispuesta a asumir las consecuencias.
