La baronesa Michelle Mone y su marido, Doug Barrowman, se enfrentan a una demanda personal en el marco del intento de los liquidadores por recuperar los 122 millones de libras adeudados por la empresa PPE Medpro al gobierno tras su colapso.
Este proceso supone un giro significativo en una controversia que simboliza los costes de las compras rápidas efectuadas durante la pandemia. El gobierno ya obtuvo en 2025 un fallo judicial que le otorgaba 122 millones de libras más intereses contra PPE Medpro, empresa que quebró tras vender batas quirúrgicas supuestamente estériles en plena crisis del Covid-19. Una sentencia del Tribunal Superior determinó que la compañía incumplió su contrato al no garantizar la esterilización fiable del material suministrado al NHS.
Los liquidadores conjuntos de Interpath Advisory han demandado a seis personas y cinco empresas vinculadas a PPE Medpro, entre ellas Mone y Barrowman, quienes no figuraban como directores, pero que en 2023 reconocieron su vínculo con la firma. Barrowman confirmó entonces que era el propietario beneficiario último, y Mone admitió ser beneficiaria de un fideicomiso que obtuvo beneficios de la empresa.
PPE Medpro surgió en 2020 para proveer equipos de protección ante la emergencia sanitaria y consiguió contratos gubernamentales a través de la llamada “vía VIP” para proveedores con contactos políticos, recomendación que impulsó la propia baronesa desde la Cámara de los Lores. Esta vía exprés ha sido fuertemente criticada por el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento y simboliza la gestión apresurada y cuestionada del gasto público en la pandemia.
El gobierno acusa a PPE Medpro de suministrar material por debajo de los estándares, poniendo en riesgo a trabajadores y pacientes del NHS mientras obtenía beneficios con los fondos públicos. Aunque ganó el caso, recuperar las sumas ha sido complicado, pues la empresa tenía menos de un millón en activos cuando fue liquidada en diciembre de 2025. Además, HM Revenue and Customs reclama 39 millones por impuestos impagados.
El Ministerio de Salud ha declinado intervenir directamente, señalando que la responsabilidad recae en los liquidadores, mientras la Agencia Nacional del Crimen mantiene abierta una investigación criminal. Para la comunidad empresarial, este caso subraya la posibilidad de responsabilizar personalmente a los propietarios efectivos detrás de sociedades ya desaparecidas, dejando claro que el velo corporativo no siempre protege a quienes controlan las empresas en quiebra.
