La iniciativa Stop Killing Games recibió un varapalo tras la decisión de la Comisión Europea de no proponer una regulación que obligue a los editores a mantener jugables los videojuegos una vez dejan de estar disponibles comercialmente. Esta cuestión afecta especialmente a los juegos online que dependen de servidores que, al ser apagados, hacen que el juego quede inutilizable.
Casi 1,3 millones de aficionados apoyaron una petición para que las compañías garanticen una «segunda vida» para sus videojuegos, consiguiendo incluso una audiencia pública en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la polémica persiste: mientras los consumidores consideran injusto que un título adquirido deje de funcionar por decisiones comerciales, los editores defienden que deben poder cerrar servicios cuando el juego ya no resulte rentable.
Una solución intermedia sería implementar un parche que permita jugar sin conexión o liberar el código para que los aficionados puedan mantener el juego activo por su cuenta. Ross Scott, fundador del movimiento Stop Killing Games, calificó la postura de la Comisión como una falta de compromiso clara y una transferencia del problema a los distintos Estados miembros, lo que podría derivar en una fragmentación de la normativa europea, algo que la propia Comisión promete evitar.
El problema de los videojuegos con servidores cerrados es parte de un fenómeno más amplio: el bloqueo de software con licencias vinculadas a servicios online. Por ejemplo, próximamente Microsoft Office 2019 para macOS dejará de funcionar tras caducar su certificado de licencia. Scott especificó que se centran en los videojuegos porque tienen un estatus legal particular en la UE debido a la gran cantidad de contenido protegido que contienen.
La Comisión Europea justifica su negativa a legislar de forma específica argumentando que ya existen protecciones de propiedad intelectual y derechos del consumidor que obligan a informar sobre la duración y condiciones antes de comprar un videojuego. En lugar de imponer leyes, planea colaborar con la industria para desarrollar un código de conducta voluntario.
Desde Stop Killing Games preparan ahora una ofensiva legislativa para incorporar sus demandas dentro de la futura Ley de Equidad Digital, propuesta que consideran adecuada para abordar esta problemática y seguir defendiendo los derechos de los jugadores.
